“Los Gobiernos signatarios, miembros del Consejo de Europa, Considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948;
Considerando que esta Declaración tiende a asegurar el reconocimiento y la aplicación universales y efectivos de los derechos en ella enunciados;
Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es realizar una unión más estrecha entre sus miembros, y que uno de los medios para alcanzar esta finalidad es la protección y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales;
Reafirmando su profunda adhesión a estas libertades fundamentales que constituyen las bases mismas de la justicia y de la paz en el mundo, y cuyo mantenimiento reposa esencialmente, de una parte, en un régimen político verdaderamente democrático, y, de otra, en una concepción y un respeto comunes de los derechos humanos de los cuales dependen;
Resueltos, en cuanto Gobiernos de Estados europeos animados por un mismo espíritu y en posesión de un patrimonio común de ideales y de tradiciones políticas, de respeto a la libertad y de primacía del Derecho, a tomar las primeras medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de algunos de los derechos enunciados en la Declaración Universal;
Han convenido lo siguiente: (…)”
Preámbulo del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Roma, 4, XI, 1950)
Nota previa. Este texto es una traducción del francés al español realizada por Paola Borda Gómez de algunos apartados del siguiente libro: LÉCUYER, Yannick. « Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », 2e édition, Hachette supérieur, 2017.
El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (en adelante, “el Convenio”) fue elaborado por el Consejo de Europa. Abierto a la firma en Roma, Italia, el 4 de noviembre de 1950, este documento entró en vigor en septiembre de 1953. Su redacción se dio en el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de consolidar la paz en Europa. Para ello, se introdujo un mecanismo de protección de los derechos y las libertades allí previstos, con miras a asegurar de manera efectiva su respeto por parte de los Estados firmantes.
En virtud de su juez natural, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Convenio evolucionó y en la actualidad produce efectos mucho más amplios de aquellos previstos en sus inicios.
En el transcurso de los últimos años este sistema europeo de protección ha superado con éxito varios desafíos. Desde un ángulo externo, algunos de éstos fueron el fin de la Guerra Fría, la disolución de la Unión Soviética, como también crisis internacionales más locales como la Dictadura de los coroneles en Grecia o la crisis interna de Chipre[1]. El número de Estados contratantes pasó de diez (10) miembros (fundadores del Consejo de Europa en 1949) a cuarenta y siete (47) a partir de la adhesión de Montenegro en 2007. Por otra parte, desde un ángulo externo, el Convenio se transformó conforme a las sentencias emitidas por el Tribunal Europeo y a los Protocolos adicionales. En este sentido, este sistema de protección de los derechos humanos “(…) ha evolucionado hasta hacer del recurso individual su elemento clave y su principal seña de identidad”[2] . De hecho, los Protocolos número 1, 4, 6, 7, 12 y 13 han agregado derechos y libertades a aquellos inicialmente consagrados en el Convenio. Sin embargo, países como Francia, por ejemplo, aceptaron hasta el año 1981 que los individuos pudiesen acudir ante el Tribunal.
Víctima de su éxito, el Tribunal Europeo ha cambiado su estructura con el objetivo de responder a la presión en aumento que existe sobre él. Desde 2006, las estadísticas elaboradas por su Secretaría han sido alarmantes. El número de sentencias emitidas sobrepasa en la actualidad las 2.500, mientras que el de las demandas no cesa de aumentar. Los Protocolos número 11 y 14, que entraron en vigor el 1° de noviembre de 1998 y el 1° de junio de 2010 respectivamente, simbolizan particularmente este esfuerzo constante de adaptación. Con fundamento en ellos el Tribunal ejerce funciones permanentemente, controla la admisibilidad de las demandas, y se abre la posibilidad de hacer la remisión de una solicitud a la Gran Sala, compuesta por diecisiete (17) jueces. Las reorganizaciones sucesivas del Tribunal Europeo son concebidas para alcanzar un doble objetivo: por una parte, asegurar una protección cada vez más efectiva de los derechos y libertades garantizados por el Convenio; y por otra, mejorar la capacidad del Tribunal.
Pero lo que caracteriza ante todo al sistema europeo, es su capacidad de creación por vía jurisprudencial de estándares exigentes de protección de las libertades fundamentales, y de tener edificado un verdadero orden público europeo de protección de los derechos humanos detrás del cual se trazan los elementos de un orden político y democrático europeo. En efecto, el Tribunal Europeo ha empezado a adoptar rasgos constitucionalistas y su influencia en los ordenamientos jurídicos y políticos nacionales se acentúa, al punto que los debates sobre la obligatoriedad de sus sentencias parecen ser del pasado. Todos los Estado contratantes, a excepción de Irlanda y de Noruega, han integrado el Convenio a su legislación nacional de manera que las jurisdicciones internas pueden hacer prevaler sus disposiciones.
Mencionado lo anterior, esta serie aspira a presentar de manera sintetizada las sentencias más notables del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, señalando sus alcances. Seleccionar las sentencias es sin embargo una tarea para la cual el Tribunal aporta una ayuda valiosa. Él ordena por sí mismo sus decisiones en tres categorías según su nivel de importancia. Sin embargo, el reto sigue siendo significativo porque los criterios de selección son múltiples. Hay sentencias de todo tipo. Las que consagran principios, las que interpretan o reinterpretan los derechos humanos y las libertades fundamentales garantizados por el Convenio. Hay sentencias que inventan, forjan las grandes nociones del derecho europeo, las autonomizan y después las conjugan entre ellas. También existen sentencias que crean derechos a partir de la solución dada a casos importantes y muy mediáticos, y que dan la oportunidad al juez europeo de definir o de dejar en suspenso grandes cuestiones sociales. Finalmente, hay sentencias lamentables…
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[1] En la actualidad, los grecochipriotas y turcochipriotas llevan a cabo negociaciones para decidir sobre el destino del muro que divide en dos a la ciudad de Nicosia.
“ ‘No comprendo cómo alguien puede hacerle eso a un niño, la verdad me quedo sin palabras’. Esas fueron parte de las conclusiones a las que llegó el lunes 3 de febrero del 2020, el Juez 53 penal de garantías de Bogotá luego de escuchar a un Fiscal contar que un bebé de 22 meses fue golpeado, abusado sexualmente y asesinado. El presunto asesino sería Óscar Eduardo O. P., de 19 años, quien tenía una relación con la madre del menor desde hace cuatro meses. El hecho ocurrió en Bogotá, capital de Colombia, en enero de este 2020.”[1]
El abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes es el tipo de maltrato infantil menos denunciado. En este sentido, la organización no gubernamental focalizada en la promoción y defensa de los derechos de la niñez, Save the Children, indica: “El mito según el cual los abusos sexuales ocurren contra niñas, niños y adolescentes de familias con menores recursos se explicaría por la existencia de un subregistro[2] estadístico de los casos que afectan a los niveles más acomodados, ya que suelen denunciarse aún menos que el resto”[3] (negrillas propias). Por lo tanto, este delito ocurre sin distinción de estrato socio-económico. Sin embargo, según Unicef, en América latina entre el 70% y el 80% de las víctimas de abuso sexual son niñas.
El abuso sexual en contra de los menores de edad puede darse en múltiples contextos. El principal, es el contexto familiar. No obstante, no se debe pasar por alto la explotación sexual comercial, que se refiere a “la utilización de niñas, niños y adolescentes, menores de 18 años para relaciones sexuales no remuneradas, pornografía infantil, espectáculos sexuales que incluyan un intercambio económico o pago de otro tipo”[4]. Tampoco se debe ignorar el grooming, definido como “la acción deliberada por parte de una persona adulta de acosar sexualmente a un niño, niña o adolescente mediante el uso del internet”[5]; menos aún la sextorsión, que se trata de la difusión de material íntimo sin la autorización de su autor (niña, niño o adolescente, mujer, hombre).
Lo que las cifras registran
Los menores de edad de América Latina tienen al menos el doble de probabilidades de ser asesinados que en otra parte. Las cifras más altas de homicidio infantil se encuentran en la región. En el año 2018, Save the Children destacó que 673 niños y niñas fueron víctimas de homicidio en Colombia. Asimismo, que solo en el primer trimestre del 2019 se habían reportado 175 casos de este mismo tipo. Por último, que 20 de cada 100.000 adolescentes eran asesinados[6]. Estas cifras conllevaron a que en el Informe “Construyendo una vida mejor con la niñez”, publicado por esta ONG el 30 de mayo de 2019, Colombia fuese catalogado (junto con Venezuela) como uno de los países en donde las tasas de homicidio infantil son “muy altas”[7].
Tres casos recientes que Colombia no olvida
El asesinato y violación de la niña Yuliana Samboní (caso número 1)no fue un caso aislado. Muchos niños colombianos son víctimas en silencio o bajo el cubrimiento mediático de abuso sexual o mueren asesinados. A continuación, se resaltan otros dos casos que ha conocido el país:
2. Los hermanos Vanegas Grimaldo | Vereda El Cóndor, Departamento de Caquetá
El 4 de febrero de 2015, cuatro hermanos menores de edad fueron asesinados por Cristopher Chávez, alias “El desalmado”[8]. Éste quería llevar a cabo el asesinato de sus padres por una disputa de tierras, pero los adultos no se encontraban en el lugar en ese momento.
3. El bebé Luis Santiago | Chía, Departamento de Cundinamarca
En septiembre de 2008, Orlando Pelayo ordenó el secuestro de su propio hijo, un bebé de 11 meses de edad, como medio para ocultarle a su pareja su tercer hijo. El cuerpo del bebé fue encontrado después sin vida en el cerro Tísquiza, a unos cuantos metros de la carretera. Según las investigaciones de las autoridades, Luis Santiago fue asfixiado con una bolsa.
Ese mismo año, las cifras oficiales revelaron que entre enero y agosto se habían asesinado a 520 menores[9] en Colombia.
La protección de la niñez en Colombia y el proyecto de reforma al artículo 34 de la Constitución
Con fundamento en el artículo 44 de la Constitución, “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física (…). Serán protegidos contra toda forma de violencia física o moral, secuestro, venta y abuso sexual, explotación laboral o económica (…). Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.” (negrillas propias). En este sentido, la Constitución también enfatiza que el Estado tiene la obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes para que así se les garantice su normal desarrollo y puedan ejercer plenamente los derechos anteriormente mencionados que, de manera particular y con fundamento en el mismo artículo 44, “prevalecen sobre los derechos de los demás” (negrillas propias).
El jueves 18 de junio de 2020, luego de ocho debates, el Senado de la República aprobó el proyecto “prisión perpetua reversible”, con el cual se plantea reformar el artículo 34 de la Constitución política. Según éste “Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación (…)” (negrillas fuera del texto original). Sin embargo, con la aprobación del proyecto la norma dispondría que “De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua” (negrillas fuera del texto original).
Adicionalmente, el proyecto aprobado contempla que toda pena de prisión perpetua será revisada automáticamente por el superior jerárquico de la instancia que emita la condena. Asimismo, ésta podrá ser revisada a los 25 años de ser emitida. Por último, se prevé que el Gobierno nacional deberá radicar dentro del plazo de un (1) año la reglamentación de la prisión perpetua para que sea incluida en el Código Penal.
El trámite del proyecto “prisión perpetua reversible” estuvo obstruido por muchos factores, entre los que se encontraron la pandemia COVID-19 que obligó al Congreso a sesionar de manera virtual so pena de perder la oportunidad de votar los proyectos pendientes antes del fin de la legislatura. Irónicamente el uso de la tecnología como herramienta de comunicación en este tiempo de cuarentena obligatoria también sirvió de motivo para que Esteban Salazar Giraldo, miembro de la Fundación dirigida por León Valencia Agudelo, interpusiera una acción de recusación contra los 21 integrantes de la Comisión Primera del Senado[10]. Sus argumentos fueron que estos congresistas no podían darle trámite a la iniciativa ya que tenían un interés electoral con ese debate, y un conflicto de “interés moral” para reformar la Constitución haciendo uso del internet.
Pese a lo anterior, y luego de más de 15 intentos fallidos (en varios de los cuales participó Gilma Jiménez, Q.E.P.D.) en el transcurso de los últimos años, el proyecto se aprobó con el apoyo del Consejo de Política criminal del Gobierno y el acompañamiento del Ministerio de Justicia Nacional.
Cabe señalar que 30 senadores se retiraron del último debate ante la controversia que generó la procedencia de la acción de recusación. Los medios de comunicación han sido muy herméticos con sus nombres. Sin embargo, en redes sociales circula esta imagen en donde con poca nitidez se puede tener una idea sobre quiénes son. Los ausentes serían aquellos cuyas fotos no están rellenadas con color verde:
¿Un final feliz para las víctimas?
La cadena perpetua para violadores y asesinos de niños aprobada el día de ayer, no representa todavía un final feliz para las familias y menores de edad víctimas de los delitos más crueles. Ya se especula que la ley que sancione el Presidente de la República, resultado del proyecto “prisión perpetua reversible”, será demandada ante la Corte constitucional por incumplimiento de requisitos de forma. El debate continuará en la máxima instancia de la jurisdicción constitucional, pero los asesinatos y las violaciones contra los menores de edad no tienen pausa. En consecuencia, es apremiante no obstaculizar la materialización del inciso 3, artículo 44 de la norma más importante del ordenamiento jurídico colombiano, conforme al cual “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. El principio de supremacía constitucional que fundamenta un Estado democrático y de derecho como Colombia lo exige.
[2] El prefijo “sub-” hace referencia a “bajo” o “debajo de”. Por lo tanto, en esta frase querría decir “bajo” registro estadístico de denuncias de abuso sexual.
[9]PERIÓDICO EL TIEMPO. “Asesinato de bebé Luis Santiago habría sido planeado pro su padre desde hace más de 4 meses”, publicado el 30 de septiembre de 2008, en línea, consultado el 19 de julio de 2020, disponible en : https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4576374
“La pandemia del COVID-19 es una emergencia sanitaria y social mundial que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas. Todas las empresas tienen un papel esencial que desempeñar minimizando la probabilidad de transmisión y el impacto en la sociedad. La adopción de medidas tempranas, audaces y eficaces reducirá los riesgos de corto plazo para los empleados y los costos de largo plazo para las empresas y la economía. (…)” [1].
Los coronavirus (CoV) son un gran grupo de virus que causan enfermedades “que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves”[2]. El brote inicial del coronavirus 2019 (“COVID-19”) en la ciudad de Wuhan, en China, es un evento sin precedentes en este siglo. Se trata de una epidemia que el 30 de enero de 2020 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (“OMS”) como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. De hecho, el pasado 11 de marzo el Director General de esta organización, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que la nueva enfermedad por el COVID-19 es una pandemia. Esto significa que la epidemia se ha extendido por todo el mundo y que afecta a un gran número de personas, lo cual ya se constata en la actualidad al tener en cuenta que su propagación presenta un crecimiento diario exponencial. Al día 9 de abril de 2020, existen aproximadamente 1’395.136 de casos confirmados, y 81.580 fallecidos[3].
Sobre el COVID-19 se investiga y se escribe actualmente desde la gran mayoría de las áreas del conocimiento. Y no es para menos. Su impacto ha traído como resultado la cuarentena[4] obligatoria casi a nivel mundial. Esto teniendo en cuenta que muy pocos países no han decretado esa medida a nivel generalizado (decidiendo, más bien, adoptar otras estrategias para combatir la pandemia). A saber, Suecia, Canadá[5], Japón[6] y Corea del Sur[7] principalmente. Por otro lado, el COVID-19 también ha sido contrarrestado con el cierre de fronteras y de las instituciones educativas, el despliegue de tropas y la prohibición de reuniones de cierta cantidad de personas[8]. Todo lo anterior está generando y generará consecuencias.
Desde una perspectiva jurídica, esta pandemia está ocasionando daños e incumplimientos contractuales que ya son imputables[9] y ciertos. Sin embargo, las causales exonerativas de la responsabilidad tendrán gran importancia en los procesos judiciales que surjan. En consecuencia, el objetivo de este texto es definir, caracterizar y mencionar los efectos de una de ellas: la fuerza mayor. Para ello se tendrá en cuenta el derecho, la jurisprudencia y la doctrina de Colombia y Francia.
I.¿Qué son las causales exonerativas de la responsabilidad?
Antes de ahondar en detalles sobre la fuerza mayor, resulta indispensable definir qué es una causal exonerativa de responsabilidad pues aquella es la especie y esta es el género.
Una causal exonerativa de responsabilidad es un evento legal y jurisprudencialmente caracterizado que, de ocurrir, hace improcedente que un juez impute un daño a una persona y, como consecuencia, que la declare civilmente responsable. Para esto, es necesario demostrar que el daño fue generado en todo o en parte por lo que se conoce también como una causa extraña y que no fue generado por la persona aparentemente responsable. Esta causa extraña puede ser la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho de un tercero o el hecho de la víctima[10].
Estas causales pueden eximir de responsabilidad al demandado de forma total o parcial. La fuerza mayor, en concreto, puede llegar a liberar al aparente autor de un daño de toda responsabilidad. Esto debido a sus características, las cuales han sido desarrolladas por la jurisprudencia y la doctrina tanto en Colombia como en Francia.
II.¿Qué es la fuerza mayor?
La fuerza mayor es generalmente definida por la doctrina francesa como un evento imprevisible, irresistible, y exterior a la actividad del deudor[11]. Así, ella puede tratarse de una pandemia como el COVID-19; o de fenómenos naturales, como un ciclón, la erupción de un volcán, fenómenos climáticos como el “Fenómeno de la Niña”[12], etc. De igual modo, la fuerza mayor puede ser también otros eventos como una huelga o una decisión administrativa constitutiva de un “hecho del príncipe” o, incluso, una falla o error informático. Esta definición fue importada por Colombia y es usada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia de las Cortes nacionales.
Por otro lado, es importante destacar que no existe una lista cerrada de eventos constitutivos de fuerza mayor. Es decir, en cada caso en particular “(…) es necesario estudiar las circunstancias que rodean el hecho con el fin de establecer si, frente al deber de conducta que aparece insatisfecho, reúne las características que indica el artículo 1° de la Ley 95 de 1890, tarea en veces dificultosa que una arraigada tradición jurisprudencial exige abordar con seriedad”[13]. Con base en lo anterior, a continuación se especifican las normas en donde se regula a la fuerza mayor en el Derecho colombiano y en el Derecho francés.
A.La fuerza mayor en Derecho civil colombiano: el artículo 64 del Código civil
El Código civil colombiano indicaba originalmente en su artículo 64:
“Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.” (negrilla fuera del texto original).
Conforme a la Sentencia SC de mayo 26 de 1936[14], la conjunción “o” identificaba en cierto modo la imprevisibilidad con la irresistibilidad y denotaba equivalencia. Sin embargo, ella fue cambiada después por la preposición “a” conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley 95 de 1890[15], haciendo más lógica la lectura de la norma[16]:
“Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.” (negrilla fuera del texto original).
Como resultado de lo anterior, la fuerza mayor y el caso fortuito se entendieron como sinónimos. Sin embargo, la jurisprudencia ha diferenciado estas dos figuras desde el año 1939 hasta la actualidad. Así, en una oportunidad reciente, la Sentencia de febrero 20 de 2019, número 3883, del Consejo de Estado, reiteró esta diferenciación[17]:
“23. La Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han hecho énfasis en la distinción entre las nociones de fuerza mayor y caso fortuito. La primera como fenómeno externo al ámbito de dominio de la persona, por lo que sumados los elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad, esta tendrá plenos efectos liberadores y justificativos; la segunda, por su parte, por tratarse de sucesos o situaciones que ocurren dentro de la órbita de control de la persona, genera lo que la doctrina denomina una imposibilidad relativa de cumplir con la obligación y, por consiguiente, no tendrá efectos liberadores o justificativos de forma absoluta (…)”[18] (negrilla fuera del texto original)
A partir de lo anterior, la fuerza mayor implica un evento externo o fuera del control del responsable del daño y el caso fortuito no. Este es un primer aspecto que diferencia al Derecho colombiano del Derecho francés, pues en éste los dos términos son sinónimos especialmente después de la Reforma al Código civil de 1804 llevada a cabo en 2016[19].
La diferenciación entre la fuerza mayor y el caso fortuito ha sido reiterada en varias ocasiones y en todas las Cortes nacionales, como se puede observar en la siguiente tabla:
B.La fuerza mayor en Derecho civil francés: artículo 1218 nuevo (artículo 1148 antiguo) del Código civil
El Código civil francés en su versión de 1804 presentaba las nociones de fuerza mayor y caso fortuito en el antiguo artículo 1148, de la siguiente forma:
“Artículo 1148. No habrá indemnización por daños y perjuicios cuando, como consecuencia de fuerza mayor o de un caso fortuito, se haya impedido al deudor dar o hacer lo que estaba obligado a hacer, o haya hecho lo que estaba prohibido”[20].
En la actualidad estos dos términos son sinónimos[21], pese a que en el Código subsistan algunos artículos en donde todavía se mencione al caso fortuito junto con la fuerza mayor. No existe, por lo tanto, una diferenciación entre ellos por una característica en especial como sí existe en el Derecho colombiano. Hay que mencionar, además, que luego de la Reforma al Derecho de los Contratos y de las Obligaciones de 2016 (llevada a cabo por la Ordenanza de 10 de febrero de 2016), la fuerza mayor cambió su numeración y ahora está prevista por el artículo 1218 del CC conforme al cual:
“Artículo 1218. Existe fuerza mayor en materia contractual cuando un hecho que escapa al control del deudor, que no pueda preverse razonablemente en el momento de la celebración del contrato y cuyos efectos no puedan evitarse mediante medidas adecuadas, impida que el deudor cumpla su obligación.
Si el impedimento es temporal, el cumplimiento de la obligación se suspenderá a menos que la demora resultante justifique la resolución del contrato. Si el impedimento es definitivo, el contrato se resolverá de pleno derecho y las partes quedarán liberadas de sus obligaciones en las condiciones previstas en los artículos 1351 y 1351-1”[22].
III. ¿Cuáles son las características de la fuerza mayor?
Un evento debe cumplir con tres (3) características para ser de fuerza mayor: la imprevisibilidad, la irresistibilidad y la exterioridad. Lo anterior supone que esta causa de exoneración de la responsabilidad “(…) no puede concurrir con la culpa del demandado que haya tenido un rol preponderante en la causación del daño, pues su estructura nocional refiere a las cosas que sin dolo ni culpa inciden en el suceso”[23].
Ahora bien, la caracterización de la fuerza mayor no siempre fue clara en Francia, donde existieron vacilaciones jurisprudenciales al respecto hasta hace unos pocos años. En efecto, una corriente jurisprudencial presente durante un tiempo en las sentencias de la Corte de Casación, apreciaba de manera diferente las características de la fuerza mayor según si se trataba de responsabilidad contractual o extracontractual. Adicionalmente, la irresistibilidad fue muchas veces considerada por la Primera Sala Civil de la Corte como el criterio más importante, inclusive en los casos donde no se podía identificar con certeza la imprevisibilidad y la exterioridad[24].
Estos dos aspectos fueron revisados por la Asamblea Plenaria el 14 de abril de 2006[25]. Como resultado, se emitieron dos sentencias[26]. En ellas, por un lado, se reafirmó el requisito conforme al cual la imprevisibilidad y la irresistibilidad debían presentarse de manera acumulativa en un evento que se quería hacer valer como de fuerza mayor; por otro, se determinó que la apreciación de estas dos características debía ser realizada de la misma forma tanto en materia contractual como extracontractual[27]. En consecuencia, la fuerza mayor se definió, sin mencionar la exterioridad, como “el evento que presenta un carácter imprevisible durante la conclusión del contrato e irresistible durante su ejecución”. No obstante, la Ordenanza de 10 de febrero de 2016, que creó el artículo 1218 del CC, volvió a retomar los tres atributos clásicos y definió a la fuerza mayor incluyendo la exterioridad.
A. La imprevisibilidad
Según la Real academia española, la imprevisibilidad hace referencia a lo que no se puede conocer o sobre lo que no se puede conjeturar por algunas señales o indicios de manera anticipada.
La imprevisibilidad en Francia
“Artículo 1218. Existe fuerza mayor en materia contractual cuando un hecho (…) que no pueda preverse razonablemente en el momento de la celebración del contrato (…)”.
En Francia, el juez debe apreciar esta característica ubicándose en el momento de la celebración del contrato o en el del acaecimiento del daño y deducir aquello que, en ese momento en específico, no podía haber sido razonablemente previsto por una persona del común. En este sentido, se ha determinado que el grado de previsibilidad al cual deben confrontarse los hechos es el normal. En otras palabras, debe tenerse en cuenta lo normalmente previsible según las circunstancias concretas de las cuales el juez tenga conocimiento, porque en algunos casos esta apreciación no es fácil. Así, por ejemplo, una huelga o un atentado pueden ser tanto previsibles como imprevisibles según se hayan dado los hechos[28].
2. La imprevisibilidad en Colombia
La jurisprudencia colombiana define y evalúa de la misma forma anterior la imprevisibilidad: “cuando el acontecimiento es susceptible de ser humanamente previsto, por más súbito y arrollador de la voluntad que parezca, no genera el caso fortuito ni la fuerza mayor”[29]. Sin embargo, se debe destacar que la Corte Suprema de Justicia ha establecido tres (3) criterios sustantivos que deben apreciarse en el caso en concreto para determinar lo previsible de un hecho. A saber: (1) su normalidad y frecuencia, (2) su probabilidad de realización y (3) su carácter excepcional y sorpresivo[30].
B.La irresistibilidad
Una fuerza irresistible es definida por la Real Academia española como aquella que anula la voluntad del autor de una acción (a lo cual se puede agregar una omisión, conforme a la teoría general de las obligaciones).
La irresistibilidad en Francia
“Artículo 1218. Existe fuerza mayor en materia contractual cuando un hecho que escapa al control del deudor (…)”.
Conforme a la doctrina francesa, el evento irresistible debe ser un obstáculo insuperable y no simples dificultades, de manera que él no pueda ser evitado incluso a través de la adopción de medidas apropiadas[31]. En este sentido, en materia contractual no es un evento irresistible que la ejecución de un contrato sea muy onerosa para el deudor. Es decir, no existe la fuerza mayor financiera. Por lo tanto, las dificultades financieras del deudor no podrán constituir una causal de exoneración de responsabilidad contractual. Asimismo, es de destacar que tampoco existe fuerza mayor cuando el contrato puede ser ejecutado en la práctica, pero deja tener interés económico para una de las partes. Por ejemplo, aquél que compre un fondo de comercio[32] está obligado a pagar el precio inclusive si después no puede explotarlo por haber sufrido un accidente o por haber contraído una enfermedad[33].
2. La irresistibilidad en Colombia
La jurisprudencia colombiana define y evalúa de la misma forma anterior la irresistibilidad. En el siguiente extracto jurisprudencial se puede constatar cómo la Corte Suprema de Justicia define la irresistibilidad como la imposibilidad objetiva de evitar los resultados del hecho imprevisto. Es decir, cualquier persona, enfrentada a las mismas circunstancias, no habría podido normalmente resistir ese evento[34].
“(…) un hecho sólo puede ser calificado como irresistible, si es absolutamente imposible evitar sus consecuencias, es decir, que situada cualquier persona en las circunstancias que enfrenta el deudor, invariablemente se vería sometido a esos efectos perturbadores, pues la incidencia de estos no está determinada, propiamente, por las condiciones especiales o personales del individuo llamado a afrontarlos, más concretamente por la actitud que éste pueda asumir respecto de ellos, sino por la naturaleza misma del hecho, al que se le son consustanciales o inherentes unas específicas secuelas (…)”[35] (negrillas propias).
Cabe mencionar que la imposibilidad relativa, según la Corte, “(…) no permite calificar un hecho de irresistible”. En otras palabras, ante situaciones de índole personal o moderadamente gravosas, toda persona está llamada a asumir ciertas cargas racionales que impidan el daño o el incumplimiento contractual. Por lo tanto, “(…) aquellos eventos cuyos resultados, por cualificados que sean, pueden ser superados con un mayor o menor esfuerzo por parte del deudor y, en general, del sujeto que los soporta, no pueden ser considerados, en forma invariable, como eventos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, en sentido estricto.”[36] (negrilla fuera del texto original).
C. La exterioridad
La Real Academia Española define la exterioridad como aquello “que obra o se manifiesta al exterior, en comparación con lo interno”.
La exterioridad en Francia
Artículo 1218. “Existe fuerza mayor en materia contractual cuando un hecho (…) impida que el deudor cumpla su obligación”.
En Derecho francés, esta tercera característica de la fuerza mayor impide que un deudor tenga la posibilidad de invocar un hecho ligado a su actividad o control para justificar su incumplimiento o el daño. Por ejemplo, el daño de una máquina que conlleve al paro de una producción, no exoneraría a la empresa fabricante de su responsabilidad contractual frente a sus clientes compradores[37]. Del mismo modo, la explosión de un neumático de automóvil, antes de la Ley de 5 de julio de 1985[38], no podía ser invocada ante un juez como causal de exoneración de responsabilidad extracontractual frente a las víctimas del accidente que produjera ese hecho[39].
2. La exterioridad en Colombia
“El hecho debe ser jurídicamente ajeno al causante del daño: el fenómeno constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito debe haberse producido sin contribución o culpa alguna del demandado”[40].
En Colombia esta característica implica que “el hecho no provenga de la persona que lo presenta para eximir su responsabilidad, de forma que no haya tenido control sobre la situación ni injerencia en la misma”. Sin embargo, como lo precisa la Corte Constitucional de Colombia, la exterioridad que compete a la fuerza mayor es una circunstancia jurídica. Es decir, “(…) ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la persona accionada”[41] (negrillas propias)
Esta concepción jurídica de la exterioridad es ratificada por la jurisprudencia del Consejo de Estado:
“(…) tampoco puede perderse de vista que existen supuestos en los cuales, a pesar de no existir culpa por parte del agente o del ente estatal demandado, tal consideración no es suficiente para eximirle de responsabilidad, como ocurre en los casos en los cuales el régimen de responsabilidad aplicable es de naturaleza objetiva, razón por la cual la exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada…”[42] (negrillas propias).
IV. ¿Cuáles son los efectos de la fuerza mayor?
En Colombia y en Francia la fuerza mayor tiene los siguientes efectos:
A.En materia contractual: Nadie es obligado a lo imposible | “À l’impossible nul n’est tenu”
Nadie está obligado a lo imposible. De manera que, una vez surge el evento de fuerza mayor, el principio de la fuerza obligatoria de los contratos (artículos 1602 COL[43] y 1103 FR[44]), conocido también como “pacta sunt servanda”, encuentra una excepción. Sin embargo, esta excepción no extingue automáticamente la totalidad de la obligación contraída. En otras palabras, la exoneración de responsabilidad será proporcional al tipo o grado de imposibilidad del que se trate. Por lo tanto, cuatro figuras jurídicas podrán implementarse: la suspensión, la caducidad, la resolución o la revisión.
Es importante mencionar que las siguientes reglas no son de orden público. Como consecuencia, en Francia y Colombia[45] las partes son libres de estipular en el contrato que, por ejemplo, el deudor deberá responder por cualquier incumplimiento aun cuando se deba a un evento de fuerza mayor (Francia) [46] o de caso fortuito (Colombia).
La imposibilidad temporal equivale a suspensión
“En caso de imposibilidad momentánea de ejecutar una obligación el deudor no está liberado, pues esta ejecución está solamente suspendida hasta el momento en el que la imposibilidad cese”[47].
La Corte de casación francesa se ha pronunciado de esta forma frente a casos en los que existe un contrato de tracto sucesivo. Tal sería el de un contrato de trabajo, durante el cual el trabajador contraiga una enfermedad. Ésta sería un evento que en Derecho francés constituye una fuerza mayor. En consecuencia, en esa hipótesis el contrato de trabajo quedaría temporalmente suspendido sólo si su ejecución posterior presenta aún un interés para el empleador[48]. De manera que, si esta suspensión es muy grave y resulta intolerable para el acreedor, la norma abre la posibilidad de extinguir por completo la obligación conforme al artículo 1218 inciso 2 del CC francés[49].
2. La imposibilidad total equivale a resolución
En Francia, la resolución por imposibilidad total ocurre de pleno derecho con fundamento en el artículo 1218, inciso 2 del CC, y tiene efectos retroactivos. Por lo tanto, en este caso no sería necesario iniciar un proceso judicial pues este efecto ocurre de manera automática. Este efecto se da en el caso de, por ejemplo, una empresa constructora que no pueda realizar la obra por una prohibición impuesta por parte de una autoridad administrativa[50].
Por otra parte, en Colombia se entiende que, si la cosa se pierde por un hecho de fuerza mayor, la obligación se extingue y el deudor queda libre de responsabilidad. Así lo dispone el numeral 7 del artículo 1625 del CC:
“(…) Las obligaciones se extinguen, además, en todo o en parte: 7°) Por la pérdida de la cosa que se debe (…)”.
Esta norma hace una remisión implícita al artículo 1729 CC, que establece:
“Cuando el cuerpo cierto que se debe perece, o porque se destruye, o porque deja de estar en el comercio, o porque desaparece y se ignora si existe, se extingue la obligación; salvas (sic) empero las excepciones de los artículos subsiguientes.”
Con fundamento en lo anterior y en el artículo 1731 CC[51], si existió culpa del deudor y la fuerza mayor pudo ser prevista pero el deudor no la previó ni podía preverla el acreedor, o si el deudor pudo evitarla con la diligencia y el cuidado debidos, la obligación subsiste con un nuevo objeto: la indemnización compensatoria de perjuicios, que equivale al precio de la cosa más el valor de los daños producidos.
Sin embargo, si la prestación perece por culpa de un tercero la obligación se extingue por fuerza mayor. Pero, el acreedor tendría derecho a exigir al deudor que le ceda las acciones judiciales que tenga contra el culpable[52].
Ahora, si la cosa desaparecida reaparece, el acreedor puede reclamarla, pero restituyendo la indemnización compensatoria que el deudor le haya pagado[53].
3. La imposibilidad futura equivale resciliación o caducidad
Tratándose de un contrato de tracto sucesivo, el evento de fuerza mayor que surge durante la ejecución va ocasionar el fin de la obligación hacia el futuro. Por lo tanto, y a diferencia de la resolución, el Derecho francés hace efectiva en estos casos la resciliación o la caducidad, implicando efectos únicamente hacia el futuro. Este sería el caso de, por ejemplo, el contrato de arriendo que caduca como consecuencia de la destrucción de la cosa arrendada[54]. Por otra parte, cuando se trata de un contrato intuito personae (con un abogado, un médico, un artista), por ejemplo, el fallecimiento de una de las partes implica también la caducidad del contrato.
4. Imposibilidad parcial equivale a reducción del precio
Tratándose de un contrato cuya prestación sea un cuerpo cierto e indivisible, las fracciones que subsistan podrán ser revaluadas y su precio reducido. Así, cuando se trate de un contrato de arriendo, el artículo 1722 del CC francés permite al juez disminuir el precio en caso de destrucción parcial de la cosa arrendada.
B.En materia extracontractual
Si bien en principio todo daño causado a alguien debe ser reparado por su autor (artículos 1240 FR y 2341 COL), se deben distinguir las siguientes hipótesis si ese daño es producido por una fuerza mayor.
La fuerza mayor es la única causa del daño
En este escenario habrá exoneración total del autor aparente de daño. Esto también será aplicable si el daño fue causa del hecho de un tercero o del hecho de la propia víctima[55].
2. La fuerza mayor no es la única causa del daño
La responsabilidad del autor del daño será en este caso parcial. En Francia, existe un caso hito respecto a esta hipótesis llamado Lamoricière: un barco de vapor se hundió debido a una tormenta excepcional. Los daños habrían podido evitarse si el carbón utilizado hubiese sido de mejor calidad[56]. En esta oportunidad la Corte de Casación decidió que había responsabilidad compartida entre el autor del daño y la fuerza mayor. Sin embargo, este precedente fue cambiado con posterioridad debido a la gran controversia que generó[57].
En Colombia, el Consejo de Estado identificó una concurrencia entre la fuerza mayor y la responsabilidad de una persona en una sentencia de febrero 26 de 1998[58]. En dicha oportunidad, esta jurisdicción determinó que “(…) los trabajos defectuosos adelantados por la administración en el río junto con la intensidad anormal de las lluvias precipitadas en la zona por la misma época en que se realizaron los trabajos, causaron en forma concurrente el daño (…)” [59]. En consecuencia, se determinó que existió una concausalidad en la producción del daño sufrido por el propietario de un predio, a quien el desbordamiento de las aguas de un río provocó una inundación en sus terrenos. Por esa razón, a la fuerza mayor se le atribuyó un 35% de la causación del daño y al responsable se le condenó a pagar a la víctima una indemnización correspondiente al porcentaje restante.
[8] BBC.COM . “Coronavirus : 6 medidas adoptadas por las autoridades en la lucha contra el covid-19”, publicado el 11 de marzo de 2020, en línea, disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-51832806 , consultado el 4 de abril de 2020.
[13] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA, Sala de Casación Civil. Sentencia de noviembre 26 de 1999, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno. expediente n°5220.
[15] En la sentencia se indica: “(…) Más científico el legislador de 1890, en el artículo 1°de la ley 95 de ese año cambió la conjugación O, en donde se leía ‘es lo mismo’, por la preposición A, que denota el complemento de la acción del verbo. Así, en lugar de ‘el imprevisto O que no es posible resistir’, dijo ‘el imprevisto A que no es posible resistir’ (…)”.
[16] “ARTICULO 1o. Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos <sic> de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”
[17] “La fuerza mayor designa el obstáculo a la ejecución de una obligación, como resultado de una fuerza extraña, y el caso fortuito el obstáculo interno, es decir, el que proviene de las condiciones mismas de la conducta de la persona obligada…”. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Sentencia del 7 de marzo de 1939, Gaceta XLVII.
[19] Al respecto, consultar la Ordenanza n° 2016-131 de febrero 10 de 2016 y la Ley de ratificación n° 2018-287 de abril 20 de 2018.
[20] « Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui était interdit ».
[21] HOCQUET-BERG, S. « La force majeure aux deux visages : Res. Civ. et assur. », mai 2018, n°5, étude 6.
[22] « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
[23] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA, Sala de Casación Civil, sentencia de junio 24 de 2009, M.P William Namén Vargas.
[24] BÉNABENT, Alain. « Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux ». 13 e édition, L.G.D.J Lextenso., 2018, Paris, pág. 286.
[32] “Una empresa no vale únicamente lo que establecen los libros contables a través de su balance: hay una serie de elementos intangibles que pueden generar tanto beneficios como contingencias futuras. El fondo de comercio se calcula como la diferencia entre el precio que se paga por una empresa al comprarla y el patrimonio neto (…)” En: BBVA. ¿Qué es el fondo de comercio? Publicado el 24 de noviembre de 2017, en línea, disponible en: https://www.bbva.com/es/que-es-el-fondo-de-comercio/ , consultado el 7 de abril de 2020.
[33] CORTE DE CASACIÓN DE FRANCIA, Sala comercial, sentencia de 23 de enero de 1968, JCP, 1968,III, 15422.
[34] Philippe LE TOURNEAU, « La Responsabilidad civil », traducción de Javier Tamayo Jaramillo, editorial Legis, 2004, p. 92.
[35] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de julio de 2005, expediente 050013103011-1998-6592.
[36] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de julio de 2005, expediente 050013103011-1998-6592.
[37] CORTE DE CASACIÓN FRANCESA, Sala civil 1era, sentencia de octubre 6 de 1993.
[41] CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-271 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, expediente n°T-5.343.816.
[42] CONSEJO DE ESTADO DE COLOMBIA, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
[43] Artículo 1602. Los contratos son ley para las partes. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.
[44] Article 1103 : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
[45] Artículo 1732. Responsabilidad por caso fortuito. Si el deudor se ha constituido responsable de todo caso fortuito, o de alguno en particular, se observará lo pactado.
[47] En cas d’impossibilité momentanée d’exécution d’une obligation, le débiteur n’est pas libéré, cette exécution étant seulement suspendue jusqu’au moment o l’impossibilité vient à cesser » CORTE DE CASACIÓN FRANCESA, Sala civil 1era, sentencia de febrero 24 de 1981, Bull. civ. I, n°65.
[49] Artículo 1218 CC francés : « (…) Si el impedimento es temporal, el cumplimiento de la obligación se suspenderá a menos que la demora resultante justifique la resolución del contrato. Si el impedimento es definitivo, el contrato se resolverá de pleno derecho y las partes quedarán liberadas de sus obligaciones en las condiciones previstas en los artículos 1351 y 1351-1”
[51] Artículo 1731 CC colombiano. “Si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación de éste subsiste, pero varía de objeto; el deudor es obligado al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor. (…)”
[52] Artículo 1736 CC colombiano. “Derechos del acreedor de la cosa perdida por acción de un tercero. Aunque por haber perecido la cosa se extinga la obligación del deudor, podrá exigir el acreedor que se le cedan los derechos o acciones que tenga el deudor contra aquéllos por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa.”
[53] Artículo 1734 CC colombiano. “Reaparición de la cosa perdida. Si reaparece la cosa perdida, cuya existencia se ignoraba, podrá reclamarla el acreedor, restituyendo lo que hubiere recibido en razón de su precio.”
[54] Artículo 1722 CC francés: “Si, durante la vigencia del contrato de arrendamiento, la cosa arrendada se destruye en su totalidad en caso fortuito, el contrato de arrendamiento se rescindirá en pleno derecho; si sólo se destruye parcialmente, el licenciatario podrá, según las circunstancias, solicitar o una disminución del precio, o la misma rescisión del contrato de arrendamiento. En ambos casos, no se procederá a ninguna compensación”
[55] Artículo 2357 CC colombiano. “Reducción de la indemnización. La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente.”
[56] CORTE DE CASACIÓN DE FRANCIA, Sala comercial, sentencias de 19 de junio de 1951.
L’affaire Les Maréchaux fait référence à l’arrêt qui doit se citer de la manière suivante : Cass. com., 10 juillet 2007, n°966[1]
Le 10 juillet 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant la portée du pouvoir direct de sanction de la mauvaise foi contractuelle qui ont les juges.
Faits : deux associés de la société Les Maréchaux ont cédé leur participation à un cessionnaire qui exerçait les fonctions de président du conseil d’administration de cette même société, et qui était déjà propriétaire d’un certain nombre de titres. Les cédants et le cessionnaire ont stipulé, d’une part, qu’un complément de prix serait dû sous certaines conditions qui se sont réalisées. D’autre part, que chacun des cédants garantissait au prorata le cessionnaire contre toute augmentation du passif résultat d’évènements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession. Ensuite, la société a été fait l’objet d’un redressement fiscal[2] due à un fait antérieur au contrat. Les cédants ont demandé que le cessionnaire soit condamné à leur payer le complément de prix. Celui-ci a assigné à son tour les cédants en sollicitant qu’ils soient condamnés à lui payer une somme au titre de la garantie passif.
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Procédure : la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 14 mars 2006. Elle a débouté le cessionnaire de sa demande. Elle estime que celui-ci ne pouvait pas se prétendre créancier à l’égard des cédants sans manquer au principe de la bonne foi. En effet, le cessionnaire était dirigeant et principal actionnaire de la société et ne pouvait pas ignorer les pratiques qui ont causé le redressement fiscal invoqué au titre de la garantie passif. Le cessionnaire se pourvoi alors en cassation.
Le problème de droit : le manquement à l’obligation de bonne foi pouvait-il aller jusqu’à empêcher le contractant blâmable de se prévaloir des clausules du contrat ?
Plus précisément, peut-on déchoir un créancier de sa créance puisqu’il l’invoque de mauvaise foi ?
La solution de la Cour de cassation : la Cour de cassation casse et annule l’arrêt au visa de l’article 1134, alinéas 1 et 3 du Code civil ancien. Elle considère que les juges de fond ne sont pas autorisés à se prononcer sur la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties[3].
Article 1134Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi.
[2] Il s’agit d’une procédure prise sur décision de l’Administration. Elle a lieu à l’issue du contrôle des comptes de l’entreprise si :
Les comptes de l’entreprise possèdent des irrégularités ;
L’Administration Fiscale doute de la sincérité et de la bonne foi des déclarations malgré des comptes qui semblent bons.
Cette opération vise à corriger les insuffisances ou les inexactitudes parmi les éléments déclarés, voire même les omissions et les dissimulations. Par contre, le contrôle fiscal est une procédure qui répond à des étapes strictes. Après une première information qui permet de prévenir l’entreprise, un rendez-vous est pris avec le vérificateur pour que celui-ci puisse procéder à un contrôle des comptes.
Le Code civil dans son ancienne version de 1804 prévoyait le principe de la bonne foi dans l’article 1134[1] en le limitant au seul domaine de l’exécution des contrats. De ce fait, il disposait que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites […] Elles doivent être exécutées de bonne foi ». La bonne foi était ainsi conçue dès une approche propre du Droit romain, à l’égard duquel le contrat n’oblige qu’à ce qui est expressément formalisé[2].
Néanmoins, un siècle et demi plus tard la jurisprudence de la Cour de cassation a commencé à faire évoluer cette disposition. En élargissant ses effets aux domaines de la négociation et la conclusion de tout contrat, l’article 1134 était interprété pour faire applicable la bonne foi a tous les stades d’une relation contractuelle. Par conséquent, l’Ordonnance du 10 février 2016 a choisi de placer sous la bonne foi les négociations, la conclusion du contrat et son exécution en intégrant l’acquis jurisprudentiel de la Cour. C’est ainsi que le nouvel Droit des contrats et des obligations dispose, dans ses dispositions liminaires, la bonne foi comme principe d’ordre public, ce que la doctrine admet également de longue date[3] : « Article 1104 : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
La bonne foi est-elle donc toute puissante en Droit français ? Due ce caractère d’ordre public prévu dans l’article 1104, une réponse rapide tendra à dire qu’elle l’est. La bonne foi en effet inspire des mécanismes dans l’ordre juridique en matière de négociation (art. 1112), de dol (art. 1137 – 1139) ou d’obligation d’information (art.1112-1)[4]. Toutefois, la finalité de bonne foi, assimilé aussi à une vertu d’honnêteté et de probité qui renvoi à chaque personne à sa conscience, n’est pas toujours la même. En effet, dans les négociations et la formation du contrat, il s’agit de protéger la volonté du cocontractant en lui permettant de s’engager en connaissance de cause. Dans l’exécution du contrat, il s’agit de préserver l’effet utile du contrat. Dans les deux cas, l’on trouve une limite principale : le non sacrifice de son propre intérêt[5]. En conséquence, le manquement à l’obligation de bonne foi pouvait-il aller jusqu’à empêcher le contractant blâmable de se prévaloir des clausules du contrat ?[6] Plus précisément, peut-on déchoir un créancier de sa créance puisqu’il l’invoque de mauvaise foi ?
Ni l’article 1134 ancien ni le 1104 nouveau ne précisent la portée des pouvoirs reconnus au juge en matière de sanction de la mauvaise foi contractuelle. Toutefois, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé cet aspect. En se référant à une distinction bien connue en doctrine, l’arrêt n°966 du 10 juillet 2007 délimite le cadre de la bonne foi et clarifie la portée des pouvoirs du juge dans les cas où un contractant manque à son obligation de la respecter. Ainsi, la neutralisation de l’exercice déloyal d’une simple « prérogative contractuelle » demeure possible (II), mais en respectant la substance des droits acquis par un contractant (I).
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I. Le respect de la substance des droits acquis par un contractant
L’indisponibilité de la substance des droits acquis par un contrat peut s’expliquer si l’on met en relation le triple contenu qui peut se différencier dans tout contrat (A) et le double aspect que comporte le principe de la force obligatoire (B).
A. Le triple contenu de tout contrat
Tout contrat comporte en ensemble de trois corps de règles, l’un d’entre eux est intouchable par le juge. Le premier est composé par « les stipulations ». Elles définissent ce en quoi consiste l’opération que le contrat doit réaliser, en fixant sa substance et en précisant son effet utile et les termes de l’échange économique en concret[7]. Elles sont « le cœur du contrat ». La deuxième comporte les « règles de procéder ». Celles-ci définissent comment les parties vont procéder, ce qui renvoi aux règles de comportement, aux prérogatives et modalités unilatérales de nature à modifier la situation du cocontractant[8]. Enfin, le troisième établit les stipulations « anticipant la survenance d’un contentieux (preuve, compétence juridictionnelle, prescription, etc.) »[9].
« Le cœur du contrat » est intouchable par le juge. Ainsi, le premier corps dit « les stipulations », qui fixe la substance même du contrat, est en soit une limite à la bonne foi et par conséquent une limite aussi aux pouvoirs reconnus au juge en matière de sanction de la mauvaise foi. En effet, l’application de ce principe aux prérogatives du créancier qui sont un résultat de son droit de créance, peut être une voie ouverte à une révision générale de tous les contrats. De ce fait, l’argument sous-entendu serait alors celui de reprocher au créancier le seul fait d’être créancier au péril de la sécurité juridique et de la force obligatoire du contrat[10]. Pour ces raisons, la chambre commerciale en 2007 a cassé et annulé la décision de la cour d’appel. En particulier, conforment au raisonnement de la chambre, « le créancier, même de mauvaise foi, reste créancier et le juge ne peut au seul motif que la créance a été mise en œuvre de mauvaise foi, porter atteinte à l’existence même de celle-ci en dispensant le débiteur de toute obligation »[11].
B. Le double aspect de la force obligatoire
Le fondement de cette décision de la Cour peut être compris si l’on examine la double perspective de la force obligatoire des contrats. Celle-ci s’explique, d’une part, par le fait que « le juge doit appliquer le contrat, la norme posée lui sert de référence »[12]; et de l’autre, par le fait que les parties sont engagées par le contrat, elles lui sont assujetties »[13].
1. Le contrat en tant que norme de référence par le juge
A l’occasion d’un litige de nature contractuelle, la force obligatoire implique pour le juge qu’il devra appliquer la norme contractuelle tel qu’il appliquerait la loi dans une autre hypothèse. Ainsi, le contrat sera la norme qui servira de référence pour trancher le contentieux existant entre le débiteur et le créancier. Cet exercice judiciaire toutefois va au-delà de la simple condamnation à l’exécution des obligations contractuelles. En effet, le juge peut déclarer que les effets juridiques crées par le contrat doivent se produire suite à la constatation de la réalisation de l’hypothèse prévue initialement par les parties[14].
2. L’obligation de respecter le contrat par opposition au rapport d’obligations
L’obligation dans laquelle la chambre commerciale a mis l’accent dans sa décision était celle de de respecter le contrat. Elle résulte de l’irrévocabilité au regard des parties qui supposent les contrats légalement formés, tel qu’il est prévu par le Code civil[15]. De ce fait, cette obligation est bien différente à l’égard des autres obligations qu’un contrat peut créer. En conséquence, le contrôle du juge va se limiter à déclarer que le contrat lie les parties mais il ne va pas condamner au débiteur à exécuter la prestation accordé (obligation de faire, de donne ou de ne pas faire). Pour cette raison la doctrine établis que dans cette hypothèse il y aura de « méconnaissance » et non d’« inexécution ».
Le rapport d’obligation, au contraire comporte « le droit pour le créancier d’exiger quelque chose du débiteur »[16]. Ainsi, si le débiteur de l’obligation n’accomplis pas la prestation il pourra avoir lieu à une exécution forcée. Celle-ci, bien sûr ne pourra être toujours effective dans la pratique. De manière que dans certains cas le créancier recevra uniquement des dommages-intérêts. Le débiteur toutefois peut être sanctionné aussi avec la résolution du contrat[17].
II. Le contrôle de l’exercice déloyal d’une prérogative
L’arrêt de la chambre commerciale ne remet pas en cause la jurisprudence qui « neutralise » l’exercice déloyal d’une prérogative contractuelle. Ainsi, faut-il s’entendre sur deux idées. D’une part, celle de « neutraliser » (A), et de l’autre celle de « prérogative contractuelle » (B).
A. La nature de la sanction : la « neutralisation »
La sanction prévue suite à l’invocation de mauvaise foi d’une clause n’est pas la même à celle de l’annulation ou de réputer non écrite la clause posant le droit[18]. La neutralisation en effet s’agit d’une éradication qui ne répond pas à une malformation de la stipulation au regard à l’ordre public, mais une conséquence qui prive d’efficacité d’une stipulation tout à fait valide et qui suppose que « le contrat se continue sans préjuger en rien d’un nouvel emploi de la clause une fois prochaine, quand elle sera invoquée à bon escient »[19].
B. L’objet de la sanction : la « prérogative contractuelle »
D’autre part, les « prérogatives contractuelles » qui ne pourront pas être invoquées de mauvaise foi à peine de neutralisation sont celles qui prévoient un pouvoir reconnu par la loi ou par le contrat aux parties d’agir de manière unilatérale sur la situation contractuelle[20]. En conséquence il sera contrôlé et sanctionné par les tribunaux l’usage déloyal de :
Les caractères communs à toutes ces clauses son trois[24]. D’abord, elles ne définissent pas les créances ni les dettes. Ensuite, elles investissent un cocontractant de la possibilité de modifier de manière unilatérale la situation de l’autre « au regard de ce qu’il pouvait attendre d’une exécution normale de la convention »[25]. Enfin, elles ont un caractère fonctionnel marqué.
Conclusion
La bonne foi est un élément fondamental dans l’ordre juridique français. Elle constitue un principe à partir duquel l’on a développé d’autres éléments qui régissent les négociations, la conclusion et l’exécution du contrat. Toutefois, la bonne foi n’est pas toute puissante car les pouvoirs reconnus au juge en matière de la sanction de la mauvaise foi sont bien délimités. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation n° 966 du 10 juillet 2007 vient préciser cet aspect. En particulière, la chambre commerciale interdit que l’on puisse déchoir un créancier de son droit de créance car il l’invoque de mauvaise foi. Cela due à l’existence du principe de la force obligatoire des contrats établi par le Code civil depuis 1804. Enfin, l’arrêt affirme que « la neutralisation » de l’exercice déloyal d’une simple « prérogative contractuelle » demeure possible. Ce qui n’est pas nouveau en la jurisprudence de la Cour.
[1] Article 1134 C. civ. ancien : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
[2] BÉNABENT, Alain. « Droit des obligations », 16e édition, LDGJ, Paris, p. 46
[3] RENAULT-BRAHINSKY, Corinne. « Droit des obligations », 16e édition, Gualino, 2019, Paris, p. 40.
[4] MALAURIE Philippe, AYNÈS Laurent et STOFFEL-MUNCK Philippe. « Droit des obligations », LGDJ, 10e édition, p. 254.
Le contrat de dépôt est celui par lequel le déposant confie au dépositaire une chose pour en assurer la garde, en vue de lui restituer plus tard. Il est prévu par le Code civil dès l’article 1915 au 1954. Quant à ce contrat, vous devriez être au courant de ce qui suit :
Éléments caractéristiques
L’objet : seuls les biens meubles corporels et incorporels peuvent faire l’objet d’un contrat de dépôt.
Une convention gratuite ou onéreuse : à l’origine, ce contrat était exclusivement considéré comme « un service d’ami ».
La conservation de la chose : celle-ci est l’obligation principal de ce contrat[1]. Toutefois, le dépôt peut être accessoire à un autre contrat. Dans ce cas en particulière, si l’obligation de conservation n’est pas l’obligation principal, le contrat ne sera pas un contrat de dépôt.
La restitution : dans le cadre de cette convention, la chose est remise (il y a un transfert de la garde). Cette remise a pour objet la conservation de la chose par le dépositaire. Cette conservation a pour finalité la restitution de la chose au déposant.
Exemples d’un contrat de dépôt
Le cloud computing. Celui-ci est un exemple d’un contrat de dépôt des meubles incorporels. Il s’agit d’« une technologie qui permet de mettre sur des serveurs localisés à distance des données de stockage ou des logiciels qui sont habituellement stockés sur l’ordinateur d’un utilisateur, voire sur des serveurs installés en réseau local au sein d’une entreprise (…) » [2] . Google drive est ainsi un exemple du service cloud computing.
Le contrat de stationnement d’un véhicule. Il ne peut pas constituer un dépôt que si la chose est confiée à la garde de l’exploitant par remise des clés du véhicule, par exemple.
BÉNABENT, Alain. « Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux ». 13 e édition, L.G.D.J Lextenso., 2018, Paris.
[1] Sur ce point, il faut tenir en compte l’article 1170 C.civ. Par conséquent, toute clause dans un contrat de dépôt qui soit contraire à cette obligation principale sera réputée non écrite.
[2] LECLOUD.NET . « Cloud computing : définition », en ligne, http://le-cloud.net/ , consulté le 17 février 2020
Ce texte est un résumé des extraits les plus importants sur la vente qui contiennent les ouvrages suivants (les citations et les diagrammes sont un complément ajouté par Paola Borda-Gomez):
RENAULT-BRAHINSKY, Corinne. « Droit des obligations », 16e édition, Gualino, 2019, Paris.
BÉNABENT, Alain. « Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux ». 13 e édition, L.G.D.J Lextenso., 2018, Paris.
Le contrat de vente est celui par lequel le vendeur transfert à l’acheteur ses droits de propriété sur une chose et s’oblige à la livrer, en contrepartie d’une somme d’argent. En droit français le transfert est produit par le solo consensu. La vente est en conséquence parfaite dès le moment où il existe un accord sur la chose et sur le prix, indépendamment des formalités de publicité qui ne produisent effet qu’à l’égard des tiers[1]. Le Code civil français la prévoit dès l’article 1582 au 1701-1.
Éléments de différenciation à l’égard des autres contrats
Un transfert de propriété
Le contrat de vente comporte un transfert de propriété. Par conséquent, si un contrat ne porte que sur l’usage de la chose, il s’agira d’un contrat de bail ou de prêt. De surcroît, si la chose n’est confiée qu’à des fins précises, tels que l’exécution d’une mission, la conservation, la garantie ou la réalisation d’un travail, il s’agira d’un contrat de mandat, un contrat de dépôt ou un contrat d’entreprise (dans le même ordre).
Le contrat de vente est essentiellement onéreux[3]. De manière que s’il n’y aucune contrepartie, il s’agira d’une donation ; mais si la contrepartie consiste en un autre bien comme, par exemple, un apport en société, il sera donc un contrat d’échange.
Le contenu du contrat de vente : la licéité et la certitude
Le contenu d’un contrat de vente doit remplir deux conditions : être licite et certain. Celles-ci supposent une limite au principe de la liberté contractuelle consacré à l’article 1102 du Code civil, selon lequel :
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
De sorte que toutes les choses qui se trouvent dans le commerce peuvent être objets d’un contrat de vente. À savoir, les prestations licites et conformes à l’ordre public :
Les meubles.
Les immeubles.
Les corps certains.
Les choses de genre.
Les biens corporels.
Les droits incorporels, tels qu’une marque.
La vente est toutefois prohibée pour les choses dites « hors du commerce », soit :
Le corps humain. P.ex. La gestation pour autrui (GPA) est interdite. Aucune prestation contractuelle peut porter atteinte au principe de l’indisponibilité du corps humain.
Les droits fondamentaux de la personne.
Les autorisations administratives personnelles.
Au-delà de remplir la caractéristique d’être une chose dans le commerce et aliénable, la prestation d’un contrat de vente doit être, possible, présente ou future, déterminée ou déterminable, et appartenir au vendeur[4].
Possible : l’impossibilité qui entraîne la nullité est celle qui existe au moment de la conclusion du contrat. Si elle survienne après, elle est sanctionnée par la résolution du contrat pour inexécution. C’est donc impossible la vente d’une place au paradis ou la vente d’un séjour au soleil, par exemple. En outre, l’impossibilité doit être absolue, c’est-à dire qu’elle doit exister pour les deux parties et pas seulement pour le débiteur. De manière que l’existence d’une contrepartie (appréciée au moment de la formation du la vente) est aussi un élément de validité du contrat[5]. Cela ne suppose pas de l’équivalence entre les prestations, compte tenu qu’un droit français il n’existe pas une telle exigence générale.
Présente ou future : Un immeuble à construire, par exemple, peut-être vendu[6].
Déterminée ou déterminable : s’il s’agit d’un corps certain, il faut des indications suffisantes qui lui rendent identifiable. Mais concernant une chose de genre, il faut préciser en avance son espèce, sa quantité et le lieu où elle se trouve.
Appartenir au vendeur : la sanctionne de la nullité est aussi applicable si le contrat de vente porte sur une chose qui n’appartient pas au vendeur. La vente de la chose d’autrui est sanctionné avec la nullité relative[7].
En outre la qualité de toute prestation convenue doit être conforme aux « attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie ». C’est-à-dire en adéquation avec ce que le créancier pouvait raisonnablement espérer en fonction des circonstances[8].
Les caractéristiques du prix
Dans la vente, le montant du prix doit respecter le cadre imposé par certaines règles. Ainsi le prix doit être, en principe, de nature monétaire ; déterminé o déterminable, réel et sérieux. En conséquence, si le prix est indéterminé, fictive et dérisoire le contrat de vente sera sanctionné avec la nullité relative[9].
De nature monétaire : la vente se distingue des autres contrats (p.ex. L’échange) pour impliquer le versement d’une somme d’argent. Néanmoins, la jurisprudence est récemment moins rigoureuse et admet que le prix peut aussi consister en une obligation de faire[10]. Il y a encore vente si, en sous du prix monétaire, l’acquéreur de la chose contracte d’autres obligations (faire ou donner autre bien), dès lors que celles-ci sont qu’un accessoire.
Déterminé ou déterminable : il faut différencier deux situations.
D’une part, la fixation du prix par les parties[11]. Le prix fixé par le vendeur et l’acheteur doit être soit chiffré soit fixé par référence à des éléments qui le rendent déterminable au jour où il devra être payé. Cette référence est licite à condition que les éléments de référence soient suffisamment précis pour ainsi permettre de chiffrer le prix le jour convenu sans nouvel accord des parties. Sont donc valables les références telles que le cours de bourse de telle merchandise, la « côté » publiée par une revue spécialisée ou la rentabilité de la chose vendue.
Au contraire, le prix indéterminé est celui qui est renvoyé à « un commun accord » futur entre le vendeur et l’acheteur, celui qui reste « à actualiser » ou celui qui renvoie à des éléments excessivement vagues (p.ex. Le bilan d’une société).
D’autre part, il faut tenir en compte la fixation du prix par un tiers[12]. La mission du celui-ci (arbitre ou expert) n’est pas seulement de procéder à faire une estimation de la valeur de la chose, mais de fixer le prix par une décision qui s’impose aux parties. Ce tiers est en réalité un mandataire commun des parties, qui l’ont chargé ensemble d’une mission à effet juridique. Il travail librement, mais doit fixer un prix précis. Par conséquence, la simple indication d’une fourchette sera insuffisante.
Or la jurisprudence est timide en ce qui concerne la désignation du tiers par le juge. En effet, le tiers ne peut être choisi par une autorité judiciaire que si le contrat l’a expressément prévu et conformément à la méthode de fixation que les parties auraient déterminée. En conséquence :
-Si le tiers désigné par les parties se récuse ou est empêché, la jurisprudence refuse la possibilité qu’il soit remplacé par le juge. La vente sera ainsi nulle.
-Si les parties ont simplement renvoyé « à dire d’expert » sans préciser les modalités de sélection de ce tiers, les tribunaux refusent encore de le désigner. La vente sera alors nulle.
-Si les parties ont prévu qu’elles choisiraient chacune un expert et que l’une se dérobe après, la vente ne pourra donc se former. Néanmoins, la partie récalcitrante peut être condamnée à payer une indemnité pour ne pas accomplir son obligation de désignation.
-Si le tiers aurait subi un dol, une violence ou commis une erreur grossière, la jurisprudence accepte dans ce cas que le juge pourrait désigner un nouvel expert. L’autorité judiciaire ne pourrait jamais fixer elle-même le prix de la vente.
Réel : cette particularité signifie que le prix ne soit pas fictif ou une simple apparence. Si les parties simulent pourtant un prix en convenant au même temps qu’il ne sera pas versé, il n’y a pas une vente véritable. Le contrat n’aura pas valeur de vente mais il peut alors valoir en tant que « donation déguisée »[13], si l’intention libérale existe. Cet acte sera alors soumis à un régime propre combinant les règles de forme de l’acte apparent[14] et les règles de fond de l’acte réel[15]. En outre, comme pour toute simulation, les tiers peuvent choisir selon ses intérêts de retenir l’acte apparent ou l’acte véritable.
Sérieux : le prix ne doit pas être dérisoire, insignifiant ou minime. Si le prix convenu est tellement minime il y a une vente consentie à « vil prix », car le montant équivaut en réalité à une absence de prix qui comporte la nullité relative la vente. Toutefois, comme le prix fictif (pas réel), le prix dérisoire n’emporte pas toujours nullité de la vente. Si l’on peut relever une intention libérale chez « le vendeur », l’acte peut constituer une donation qui n’est plus « déguisée » car il n’y a même pas l’apparence d’une vente, mais qui est admise comme « indirecte » et qui sera soumise en conséquence aux règles des donations.
Le prix dans les contrats-cadre : l’article 1164 C.civ.
L’application au prix de l’exigence d’une prestation déterminée et déterminable a fait l’objet d’une importante controverse. Des difficultés particulières sont apparues en matière de fixation du prix à propos des contrats de fourniture comportant une clause d’exclusivité. Dans ce cas, l’opération de fourniture se décompose en un contrat cadre suivi de contrats d’application, le plus souvent des contrats de vente. Ce type d’opération présente une difficulté : comment fixer un prix unique ensuite applicable aux différents contrats successifs ?
Le principe d’autonomie des contrats-cadre
L’article 1164 du Code civil, crée par la Réforme au Droit des contrats et des obligations de 2016, reprends la solution jurisprudentielle donnée à cette question dans l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 1995. Ainsi, à l’exception des cas où un texte spécial s’y oppose, la fixation d’un prix déterminé ou déterminable dans le contrat cadre n’est pas une condition de validité. Par conséquent, l’absence du prix déterminé ou déterminable n’est pas une cause de nullité du contrat.
Il est donc permis à une partie de fixer ultérieurement le prix. La référence à un tarif futur pratiqué par l’une des parties est en lui-même licite. Cette solution a consacré le principe d’autonomie des contrats-cadre. Néanmoins il existe toujours un contrôle. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi. Celui-ci pourra allouer des dommages-intérêts ou prononcer, le cas échéant, la résolution du contrat. De surcroît, en cas de contestation du prix fixé par l’une des parties, celle-ci devra motiver comment le prix a été calculé, au regard des prévisions des parties.
La lésion
Les règles sur le contenu du contrat font partie des moyens indirects de protection du consentement, dans la mesure où l’absence de contrepartie (auparavant, « la cause »[16]) manifeste une anomalie du consentement donné. De sorte que, dès que les parties sont capables et que leur consentement n’a pas été vicié par dol ou violence[17], le prix qu’elles ont librement fixé s’impose à elles-mêmes. Cela sans que le juge puisse le rectifier au motive qu’il le trouverait « injuste »[18]. C’est-à-dire, le principe de la liberté contractuelle est celui qui va prévaloir sur la théorie du « juste prix », compte tenu qu’il n’existe pas une exigence générique d’équivalence entre les prestations accordés[19] :
Article 1168 C.civ. : « Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement. »
Toutefois des correctifs ont été aménagés de deux manières : la lésion et le droit de la concurrence. Dans cette section nous étudierons la première.
Notion
Prévue de l’article 1674 au 1685 du C.civ., la lésion permet d’assurer un équilibre du contrat et de garantir une justice contractuelle malgré la suppression de la notion de cause et l’absence d’un principe d’équivalence des prestations. Elle est définie comme le défaut d’équivalence entre l’avantage retiré d’un contrat et le sacrifice consenti. Elle peut exister même en dehors des contrats synallagmatiques[20].
Domaine
La lésion n’est sanctionnée que dans certains contrats ou à l’égard des certaines personnes. À propos de la vente, seules les ventes d’immeubles sont concernées, quelque soit la nature de l’immeuble, et quel que soit le droit cédé sur ce bien : usufruit, servitude, droits indivisibles.
Il existe cependant deux exceptions. D’une part, les ventes aléatoires. D’autre part, les ventes par autorité de justice, effectuées par adjudication judiciaire mais aussi par acte de gré à gré si elle a été autorisée par la justice.
Conditions
Il y aura lésion si deux conditions sont accomplis.
D’un côté, il faut que le prix soit inférieur aux 5/12e de la valeur réelle du bien. C’est-à-dire, il faut que la lésion soit « énorme ». Cette valeur doit être fixée d’après l’état du bien lors de la vente, sans tenir en compte des améliorations ou dégradations survenues par la suite Mais surtout c’est au jour de la formation de la vente qu’il faut apprécier la valeur monétaire réelle.
De l’autre, il faut qu’elle préjudice le vendeur. Conformément à l’article 1683 C.civ., « La rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l’acheteur ». Par conséquent, l’acheteur qui paierait cher ne peut jamais invoquer la lésion. Il peut cependant se tourner vers la théorie générale des vices du consentement, s’il peut en établir l’existence.
Procédure : l’action en rescision
L’action en rescision doit être formée dans un délai de 2 ans. S’il y a plusieurs vendeurs, l’action nécessite leur accord unanime. Le vendeur doit, d’une part, prouver que la lésion est probable, ce qui rend son action recevable ; d’autre part, se soumettre aux résultats d’une expertise collégiale (au vu de son résultat le juge statuera, sans être lié par l’opinion des experts).
L’action de rescision a pour effet soit la rescision du contrat soit le rachat. La rescision consiste à l’annulation classique de la vente, emportant les conséquences de droit commun. À savoir, l’anéantissement rétroactif, les restitutions réciproques de l’immeuble et du prix, la remise en cause des actes faits par l’acquéreur. Le rachat en revanche signifie que l’acheteur peut sauver la vente en « rachetant » la lésion. Il lui suffit de payer le supplément du « juste prix », sous la déduction du dixième du prix total (afin qu’il garde un peu du bénéfice de sa « bonne affaire ».
Les effets de la vente
La vente comporte deux types d’effets. D’une part, les effets réels. C’est-à-dire, le transfert de la propriété et le transfert des accessoires. De l’autre, les effets personnels. Ceux-ci se constituent par les obligations contractuelles du vendeur et de l’acheteur.
1. Les effets réels
1.1. Transfert de la propriété
Article 1583 C.civ. « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
L’originalité du droit français consiste en que le transfert de la propriété est parfait par le solo consensu. Le seul consentement et l’accord sur la chose et le prix impliquent le transfert de plein droit et immédiat de la propriété à l’acheteur. Le transfert de la propriété est donc en effet de la vente et n’est pas conçu comme une obligation du vendeur[21].
Il y a toutefois des cas de retard de ce transfert qui se justifient par la nature de certaines choses :
Choses futures : par exemple, une machine à fabriquer. Le transfert de la propriété est retardé jusqu’à l’achèvement de la chose, ce qui est différent de la livraison. La propriété reste au vendeur pendant tout le cours de la fabrication car tant qu’elle n’est pas achevée, ce n’est pas « la chose » vendue elle-même, lais un simple « commencement de la chose ». Dès l’achèvement, le transfert de la propriété ne rencontre plus d’obstacle et peut s’effectuer avant même toute livraison.
Choses de genre : le transfert de propriété est lié à leur individualisation.
Le transfert à l’égard des tiers : à partir de quel moment le transfert de propriété leur est opposable ?
Principe : la vente vaut titre
Le transfert de propriété qu’elle opère est donc opposable à ces tiers exactement dans les conditions fixées à l’acte (au jour de cet acte ou à une date différée).
La publicité de l’acte est ici inutile, car ce n’est pas en tant que contrat que la vente est considérée, mais en tant qu’élément de preuve de la propriété du titulaire.
1.2. Transfert des accessoires
Transfert de risques
Principe : le transfert des risques est concomitant avec le transfert de propriété et même s’il reste des formalités à accomplir
Il y a cependant des exceptions. Il y a donc dissociation de la propriété et des risques :
-Si le vendeur et encore en possession de la chose. Dans ce cas, il est tenu d’une obligation de conservation analogue à celle du dépositaire (contrat de dépôt).
-Si la vente a été faite sous condition suspensive, le vendeur sera responsable de la chose jusqu’à la survenance de la condition[22].
-Si le vendeur a été mise en demeure de délivrer la chose, le vendeur sera responsable de la chose jusqu’à la délivrance[23].
-Dans la vente en état futur d’achèvement. La jurisprudence a décidé que l’avancement du transfert de propriété protégeant l’acquéreur laisse cependant les risques à la charge du vendeur jusqu’à l’achèvement.
-Dans les ventes au consommateur. Le transfert des risques est lié à la remise physique de la chose quelque soit le moment du transfert de la propriété.
Transfert des accessoires juridiques (droits, actions attachées à la chose)
-Droits réels : les servitudes, par exemple, suivent le fonds. Elles sont donc transmissibles à l’acheteur.
–Certains contrats tels quele bail, assurance, travail : en dépit du principe de l’effet relatif du contrat, certains contrats sont si attachés au bien qu’ils ne peuvent être séparés de celui-ci. Ils sont donc transmissibles à l’acheteur.
–Actions en justice : l’acheteur reçoit qualité pour exercer les actions en justice dont le vendeur disposerait contre des tiers.
BORDA, Paola “Le contrat de vente : éléments clés de différenciation, règles de contenu et effets”, publié le 17 février 2020, [En ligne] , https://paolabordagomez.wordpress.com/2020/02/17/le-contrat-de-vente-elements-cles-de-differenciation-regles-de-contenu-et-effets/ , [consulté le (…)]
2.2. Les obligations du vendeur : article 1604 et s. C.civ.
BORDA, Paola “Le contrat de vente : éléments clés de différenciation, règles de contenu et effets”, publié le 17 février 2020, [En ligne] , https://paolabordagomez.wordpress.com/2020/02/17/le-contrat-de-vente-elements-cles-de-differenciation-regles-de-contenu-et-effets/ , [consulté le (…)]
RENAULT-BRAHINSKY, Corinne. « Droit des obligations », 16e édition, Gualino, 2019, Paris.
BÉNABENT, Alain. « Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux ». 13 e édition, L.G.D.J Lextenso., 2018, Paris.
[1] Article 1583 C.civ. : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
[2] Voire en bas les caractéristiques précises d’un prix valable.
[3] Article 1107 C.C. : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie ».
[4] Article 1163, alinéa 1 C.civ. : « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. (…) ».
[5] Article 1169 C.civ. : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »
[7] Article 1599 C.civ. : « La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. »
[8] Article 1166 C.civ. : « Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. »
[9] « (…) La Cour de cassation jugeait depuis longtemps que la vente consentie à vil prix était nulle de nullité absolue (1er Civ., 24 mars 1993, n°90-21.462) ; la solution était affirmée en ces termes par la chambre commerciale : ‘la vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun’ (Com., 23 octobre 2007, n° 06-13.979, Bull. 2007, IV, n°226).
La première chambre civile de la Cour de cassation, sans s’être prononcée directement sur la nature de la nullité de la vente consenti sans prix sérieux, s’était déjà éloignée de la solution jusqu’alors admise en énonçant que la nullité d’un contrat pour absence de cause, protectrice du seul intérêt particulier de l’un des cocontractants, est une nullité relative (1er Civ., 29 septembre 2004, n°03-10.766, Bull.2004, I, n°216).
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, quant à elle, jugé à une date récente ‘qu’un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sir l’intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans’ (3e Civ., 24 octobre 2012, n° 11-21.980).
Le présent arrêt, qui opère un revirement de la jurisprudence de la chambre commerciale (…) adopte la même position que celle retenue par la troisième chambre civile : ce n’est pas en fonction de l’existence ou de l’absence d’un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l’intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu’il convient de déterminer le régime de nullité applicable (…) ».
[10] Cass., 3e civ., 9 décembre 1986, pourvoi n° 85-13373, [En ligne] https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007017095 . « (…) Mais attendu, d’une part, que la vente d’une chose pouvant être réalisée moyennant une contrepartie autre qu’un versement de somme d’argent, la cour d’appel n’a pas violé l’article 1582 du Code civil en retenant, conformément aux termes de leur convention, que les parties avaient entendu conclure une vente (…) ».
[11] Article 1591 C.civ. : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. »
[12] A cet égard, voir l’art. 1592 C.civ. : « Il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers. » ; et la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
[13] Article 931 C.civ. : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. »
[14] À savoir, les règles de forme applicables au type de vente choisi comme déguisement.
[15] Il sera applicable le régime des donations tant du point de vue fiscal et successoral.
[16] Cette notion a été supprimée par l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
[18] Article 1168 C.civ. : « Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement. »
[19] Dans le cas contraire, on pourrait remettre en cause la possibilité de faires des « bonnes affaires », hypothèse qui suppose la mise en cause la sécurité juridique.
[20] Art. 1106 C.civ. : « Le contrats est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci. »
[21] La Reforme au Droit des contrats et des obligations de 2016 a généralisé l’article 1583 à tous les contrats translatifs de propriété par le nouvel article 1196 C.civ. : « Dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat.
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi.
Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l’obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l’article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l’article 1351-1. »
[22] Article 1304-6 C.civ. : « L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition.
En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. »
[23] Article 1196, alinéa 3 C.civ. : « (…) Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l’obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l’article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l’article 1351-1. »
« L’expression de ‘contrats spéciaux’ est trompeuse. Tous les contrats sont spéciaux et il n’existe pas de ‘contrat général’. Cependant à tout contrat, s’appliquent plusieurs types de règles juridiques. Le droit des contrats est donc constitué par trois corps de règles, allant du général au particulier »[1]
Voici un diagramme qui classifie les principaux contrats spéciaux prévus par le Code civil. Veuillez tenir en compte :
Vous pouvez vous-aider à retenir chaque contrat avec la couleur qui possède chaque catégorie. C’est-à-dire : Rouge = Les conventions portant sur les biens = Les contrats portant un transfert de la propriété = La vente (arts. 182-1701-1 C.civ.) et l’échange (art. 1702 et s. C.civ.).
Les contrats les plus importants ont une couleur foncée (p.ex. La vente, le bail), tandis que les autres ont une couleur claire (p.ex. L’échange, le louage de meubles, le dépôt).
BORDA, Paola. “Les principaux contrats spéciaux. Diagramme”, publié le 10 février 2020, [En ligne], https://paolabordagomez.wordpress.com/2020/02/10/les-principaux-contrats-speciaux-diagramme/ , [consulté le (…)].
À cet égard, voir également l’article 1105 du Code civil selon lequel :« Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre.Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux.Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières. »
L’affaire Mennesson fait référence à l’arrêt qui doit se citer de la manière suivante :Ass. Plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105[1]
Le 31 mai 1991, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant le principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain, à l’égard d’un cas de gestion pour autrui.
Faits : un couple avec une stérilité irréversible accords avec une femme pour concevoir un enfant de manière artificielle. À sa naissance, l’enfant est déclaré comme étant né du couple et non pas de sa mère. Le couple commence devant un juge la procédure d’adoption plénière.
Procédure : la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 15 juin 1990. Elle a fait droit le couple de sa demande. L’arrêt prononce l’adoption plénière aux motifs que la maternité de substitution est licite, non contraire aux bonnes mœurs et conforme à l’intérêt de l’enfant. Cet arrêt est contesté par Procureur général devant la Cour de Cassation dans l’intérêt de la loi (article 618-1 CPC[2]).
Le problème de droit : la maternité/la gestation pour autrui (GPA) est-elle une convention qui porte sur une prestation contraire à l’ordre public ?
La solution de la Cour de cassation : la Cour de cassation casse et annule l’arrêt au visa des articles 6[3], 353[4] et 1128[5] du Code civil. Elle considère que ce procès d’adoption constituait un détournement de l’institution de l’adoption car, d’une part, l’enfant a été conçu en exécution d’un abandon à sa naissance par sa mère; et de l’autre, il porte atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes.
[2] Un pourvoi formé dans l’intérêt de la loi relève de l’article 618-1 du CPC. Il est défini comme « un pourvoi formé, en sa propre initiative, par le procureur général près de la Cour de cassation (ou par le ministre compétent en contentieux administratif) contre une décision définitive, non attaquée par les parties, alors qu’elle lui semble contraire aux lois et règlements en vigueur ou aux formes de procéder ; si le pourvoi aboutit, la cassation laisse substituer la décision attaquée entre les parties et n’a d’effet que pour l’avenir, pour des situations identiques »
[3] Article 6 C. civ. : On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.
[4] Article 353 C.civ. : “L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant.
Si l’enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l’état civil de l’enfant.
Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé”.
[5] Article 1128 : Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
L’affaire Baldus fait référence à l’arrêt qui doit se citer de la manière suivante:Cass. 1re, 3 mai 2000, n° 98-11.381 [1].
Le 3 mai 2000, la Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant l’obligation qui pèse sur chaque partie de se renseigner sur la valeur de sa propre prestation.
Faits : une propriétaire vend à un acheteur 50 puis 35 photographies réalisées par un certain Baldus, à un prix qu’elle fixe elle-même. Apprenant après que Baldus est un photographe de notoriété et qu’elle aurait pu vendre ces photographies à un prix bien supérieure à celui convenu, elle assigne l’acheteur et demande la nullité des ventes pour dol.
Procédure : la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt le 5 décembre 1997 fait droit à sa demande. Selon les juges de fond, dans la vente effectuée il y avait un prix dérisoire qui était de connaissance de l’acheteur, car il avait déjà vendu des photographies de Baldus sur le marché d’art. Ainsi la Cour d’appel estime que l’acheteur avait manqué à l’obligation qui pèse sur toute partie de contracter de bonne foi. L’acheteur se pourvoi alors en cassation.
Le problème de droit : le silence sur la valeur de la prestation par l’acheteur, est-il une réticence dolosive qui produit un vice du consentement?
La solution de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l’arrêt. Elle considère que l’obligation de l’information ne porte pas sur la valeur de la prestation[2].
[2] Cette solution a été intégré dans l’article 1112-1, alinéa 2 du C.civ., après la Réforme au Droit des contrats et des obligations de 2016 :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
